La normativa fue aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante, con apoyo del bloque Propin y de Unidad Ciudadana, y contó con la abstención del bloque oficialista.

Sin embargo, desde el departamento ejecutivo consideraron que el Concejo Deliberante no tiene la potestad “para la creación de una norma que afecte los fondos propios de libre disponibilidad”.

“La afectación de los fondos de libre disponibilidad resulta lisa y llanamente condicionar la actuación del Ejecutivo e impedir disponer de sus recursos propios. Nuestra función es ejecutar los gastos y decisiones. No resulta oportuna, ni legal los fundamentos de la norma en crisis”, sostuvieron.

En este contexto, el gobierno indicó que en los últimos años “se ha cooperado de manera directa con las instituciones intermedias a los fines de poner en regla sus figuras societarias”, lo que posibilitó que comenzaran a recibir “subsidios de origen local, provincial y nacional”. 

“Este Ejecutivo siempre ha priorizado la asignación de sus recursos para el beneficio de todos los pinamarenses”, concluyeron.