La oposición pidió la impugnación de las elecciones en la ciudad bonaerense de Maipú al denunciar que les retuvieron el DNI a muchos vecinos que no pudieron votar el domingo pasado. En el proceso, el intendente radical de Juntos por el Cambio Matías Rappallini obtuvo la reelección por tan solo 62 votos, y fue su rival del Frente de Todos Facundo Coudannes el que presentó una demanda tras la derrota.

Coudannes responsabilizó al oficialismo por la retención de los documentos a los votantes y explicó que muchos de ellos son operarios que prestan servicio en obras de la comuna a través de cooperativas. "Se les retuvo el DNI bajo amenaza de dejarlos sin trabajo. Lo que decimos nosotros es que sufrimos un secuestro electoral", advirtió. Varios de los damnificados estarían dispuestos a presentarse ante la Justicia.

De hecho ya se hizo una denuncia ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que se declaró incompetente y remitió la causa a su par Adolfo Ziulu, que tiene competencia electoral en la Provincia. La oposición denuncia que hubo un mecanismo "sistemático" para impedir que decenas de vecinos de Maipú pudieran votar.

En la presentación afirmaron que hubo irregularidades por la "retención y/o sustracción" de documentos que impidieron a muchos ciudadanos poder votar y en algunos casos ejercer la función de autoridad de mesa. Una de las líneas de investigación pasará por determinar si los documentos se usaron para votar o simplemente fueron retenidos para que vecinos no pudieran participar del proceso electoral. De hecho a varios de los damnificados se los devolvieron cuando terminó el horario de votación.

De acuerdo a la investigación, un policía participó de la retención de documentos a votantes. Fue por eso que la oposición reclama que intervenga otra fuerza, la Gendarmería Nacional. Ya que argumentan que la Bonaerense no mostró colaboración al momento de tratar de denunciar al efectivo, consigna La Nación.

Coudannes dijo que lo que sucedió en las elecciones "es de una gravedad institucional sin precedente". Consideró que el caso podría encuadrarse en lo determinado por el artículo 133 de la ley 5109 de la Provincia, que prevé una pena con arresto de uno a tres años para los que impidan al elector ejercer su voto al quitarle su documento de identidad.

La semana pasada el Frente de Todos advirtió en un comunicado que en las elecciones retuvieron al menos 150 documentos de vecinos, que se vieron imposibilitados de votar. Acusaron por estas maniobras a Raúl Ibarra, un capataz que se desempeña en el corralón municipal y que, de acuerdo a la denuncia, habría retenido los documentos a empleados municipales.

Explicaron que los damnificados hicieron presentaciones en comisarías, que se abrió una causa judicial y que presentaron "material probatorio" en la Justicia para sostener sus acusaciones. "Solicitamos el urgente esclarecimiento de estos hechos a fin de proteger la democracia y la libertad de nuestros vecinos y vecinas, materializada en un acto electoral que, de comprobarse lo sucedido, debiera carecer de validez alguna, ya que podría modificar los resultados", indicaron en un comunicado desde el espacio kirchnerista.

Responsabilizaron al intendente por las irregularidades denunciadas "en su carácter de autoridad máximo del poder ejecutivo local y también como parte interesada en el marco de su candidatura a intendente, por los hechos sucedidos".

Además reclamaron a las autoridades que se proteja a los denunciantes por posibles represalias. "Solicitamos a las autoridades competentes la seguridad y la protección plena de los denunciantes y de todos los vecinos y vecinas que se expresen al respecto o brinden material probatorio a fin de garantizar sus garantías constitucionales", plantearon.