El conflicto que enfrentó a la empresa logística WebPack con el Sindicato de Camioneros terminó con denuncias penales contra dos delegados, un despido que se mantuvo firme y el retiro del gremio. El episodio se convirtió, según el análisis empresarial, en un nuevo antecedente de una tendencia que viene reduciendo el alcance de los bloqueos sindicales en la Argentina.
Un conflicto que terminó con el repliegue del gremio
El bloqueo que la empresa de logística WebPack sufrió la semana pasada se transformó en un caso testigo sobre las dificultades que enfrenta esta modalidad de protesta sindical.
La compañía, dedicada a tareas de distribución para canales de venta digital, había despedido sin causa a un trabajador como parte de una reestructuración y abonado la indemnización correspondiente.
La decisión derivó en un bloqueo de la sede ubicada en La Paternal, donde se concentraron alrededor de 50 empleados y activistas sindicales. Durante la protesta se produjeron amenazas de “prender fuego” las camionetas que intentaran salir del establecimiento.
La situación requirió la intervención de personal de Infantería para liberar el acceso. Sin embargo, el conflicto terminó con la empresa manteniendo el despido y el Sindicato de Camioneros replegándose.
Las amenazas que quedaron registradas
Uno de los elementos que marcó una diferencia en este caso fue la decisión de WebPack de hacer públicas las amenazas y presentar una denuncia penal contra dos delegados, acompañada por filmaciones del episodio.
Previamente, representantes de la compañía habían concurrido a una reunión en la sede del Sindicato de Camioneros convocada por Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos del gremio.
En ese encuentro participó también el abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Pablo Abdón Torres Barthe, quien presenció parte de las conversaciones.
Según el relato incorporado al conflicto, Amador cuestionó la decisión empresarial de despedir al trabajador y sostuvo que “en Camioneros no están permitidos los despidos”.
Ante la respuesta de un directivo, quien señaló que la legislación permite despedir sin causa mediante el pago de la indemnización correspondiente, el dirigente habría respondido: “Ustedes manéjense con la ley y nosotros nos vamos a manejar con nuestro método”.
Al día siguiente se produjo el bloqueo y dos delegados fueron denunciados luego de amenazar con incendiar los vehículos si intentaban abandonar el lugar.
La empresa mantuvo el despido
Tras la difusión del episodio intervino la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
Los delegados redujeron la intensidad de la protesta y el Sindicato de Camioneros se retiró del conflicto, mientras WebPack pudo normalizar sus operaciones sin nuevas medidas de fuerza.
Para Juan Méndez, presidente del MEAB, el resultado dejó a la empresa como la principal ganadora y al sector encabezado por Hugo y Pablo Moyano en una posición de retroceso.
Méndez consideró además que el caso puede convertirse en un precedente para otras empresas que atraviesan procesos de reducción de personal.
Los bloqueos sindicales, en retroceso
Desde el MEAB sostienen que los bloqueos sindicales vienen disminuyendo en la Argentina después del máximo registrado en 2021, cuando se contabilizaron alrededor de 75 acciones de este tipo y seis pymes terminaron cerrando como consecuencia de los conflictos.
Méndez advirtió, sin embargo, que algunas medidas de presión actualmente adoptan formas menos directas.
Entre ellas mencionó determinadas asambleas que, según su interpretación, funcionan como medidas de fuerza encubiertas cuando afectan el normal funcionamiento de las empresas.
El titular del MEAB sostuvo que este tipo de situaciones terminan perjudicando principalmente a los trabajadores, porque pueden derivar en descuentos salariales o sanciones disciplinarias por el tiempo que permanecen sin trabajar.
También planteó que, frente a un despido sin causa en el que se abonó la indemnización correspondiente, la discusión sobre su legalidad debe resolverse en la Justicia y no mediante medidas sindicales.
El papel del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos
Uno de los factores que el sector empresario considera determinantes para el retroceso de los bloqueos es la actuación del MEAB, organización creada en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini.
La empresaria había atravesado previamente un conflicto con el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que mantuvo bloqueada durante 90 días una empresa de su familia en Rosario.
A partir de ese episodio, el MEAB impulsó una estrategia basada en recurrir a la Justicia para denunciar los bloqueos y responsabilizar a quienes participaban de esas acciones.
Según los datos citados por la organización, en agosto de 2023 se contabilizaban 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y alrededor de 20 personas que serían llevadas a juicio, en el marco de unas 30 protestas.
Entre los casos mencionados estuvieron dirigentes sindicales de peso como Carlos Acuña y Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros.
El nuevo escenario legal
A la estrategia judicial de las empresas se sumaron modificaciones legislativas que endurecieron las consecuencias de los bloqueos.
El artículo de la Ley Bases mencionado en el análisis considera estas acciones como una grave injuria laboral y otorga a los empleadores facultades para despedir con causa a quienes participen de determinados bloqueos.
A su vez, la Ley de Modernización Laboral incorporó una disposición que apunta directamente a los responsables sindicales. Entre las infracciones consideradas muy graves se encuentra “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”.
La incorporación de esos términos amplía el alcance de las posibles sanciones, ya que no apunta solamente a quienes ejecutan los bloqueos o toman establecimientos, sino también a quienes los instigan u organizan desde las estructuras sindicales.
En ese contexto, el caso WebPack aparece como un nuevo episodio de una disputa en la que las empresas cuentan con mayores herramientas para responder a los bloqueos, mientras los sindicatos enfrentan un escenario legal y político menos tolerante con este tipo de medidas.
