La Justicia frenó la implementación de la nueva normativa

En los últimos días entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal. Sin embargo, su implementación quedó temporalmente suspendida en territorio bonaerense a partir de una medida cautelar dictada por la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

La resolución surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad en la provincia.

La magistrada consideró que la ampliación del universo de adolescentes punibles podría generar un incremento considerable de las personas privadas de su libertad, tanto por el aumento de ingresos como por una mayor permanencia en los dispositivos de alojamiento.

Ante ese escenario, la jueza entendió que actualmente no existen condiciones estructurales suficientes para garantizar el cumplimiento de los estándares constitucionales y convencionales que deben regir la privación de la libertad de adolescentes.

La advertencia por las condiciones de alojamiento

Pascual sostuvo que la Provincia debe contar con infraestructura especializada suficiente antes de avanzar con la aplicación plena de la nueva normativa.

La magistrada remarcó que el Poder Judicial no debería esperar a que se produzca una vulneración de derechos para intervenir y señaló que existen elementos que permiten presumir razonablemente que esa situación podría ocurrir.

En su resolución también hizo referencia a las condiciones de los dispositivos destinados a adolescentes y recordó que en su propia jurisdicción ya tuvo que establecer medidas de resguardo y limitar la cantidad de personas alojadas debido a que las condiciones no alcanzaban los estándares mínimos.

La jueza advirtió además que situaciones similares se registran en otros establecimientos de la provincia.

En ese contexto, sostuvo que el hacinamiento puede terminar incrementando los niveles de inseguridad y violencia, incluso una vez cumplidas las condenas, debido a las condiciones en las que los adolescentes atraviesan el período de encierro.

Por ese motivo, dispuso suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en toda la Provincia de Buenos Aires.

Además, convocó para el 16 de septiembre a autoridades del Gobierno bonaerense a una audiencia en la que deberán explicar qué medidas fueron adoptadas para avanzar con la implementación del nuevo régimen.

Mar del Plata y las advertencias sobre el sistema juvenil

La resolución también se vincula con una problemática que ya había sido advertida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) respecto de las condiciones del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Según los relevamientos citados en el material, el encarcelamiento de menores ya había comenzado antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen y el sistema se encontraba marcado por un escenario de "colapso e incapacidad de adoptar políticas estructurales" para resolver vulneraciones de derechos.

En Mar del Plata, las inspecciones incluyeron el Centro Especializado de Aprehensión (CEA), el régimen cerrado del Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria y el régimen de pre-egreso del Centro Socioeducativo de Contención.

En el caso del CEA, aunque los adolescentes no deberían permanecer allí más de cinco días, durante 2025 hubo jóvenes que llegaron a esperar más de dos meses por un cupo en otra institución.

Presentaron los resultados de Entramados en Mar del Plata

Mientras la discusión sobre la nueva normativa continúa, este lunes se presentaron en Mar del Plata los resultados del programa provincial Entramados, diseñado para abordar las trayectorias delictivas de adolescentes y jóvenes desde un esquema de intervención integral.

La actividad se realizó en el complejo Juan Vucetich del Ministerio de Seguridad bonaerense y reunió a autoridades judiciales, policiales y gubernamentales.

El encuentro fue encabezado por Enrique Font, integrante del Consejo Directivo de Entramados por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Durante la jornada se expuso el trabajo realizado desde el lanzamiento del programa en los 38 municipios que adhirieron a la iniciativa.

Según explicó el Ministerio de Seguridad, Entramados propone un seguimiento integral y busca interrumpir trayectorias delictivas teniendo en cuenta las particularidades de cada municipio.

El programa está dirigido a adolescentes que hayan sido aprehendidos y posteriormente restituidos a sus familias, ya sea por tratarse de personas no punibles o porque las características del delito cometido así lo determinen.

General Pueyrredón todavía no adhirió

La situación de Mar del Plata presenta una particularidad: General Pueyrredón todavía no formalizó su adhesión a Entramados.

A pesar de ello, participaron de la presentación dos funcionarios municipales: Rodrigo Goncalvez, secretario de Seguridad, y Guillermo Schütrumpf, secretario de Desarrollo Social.

Según fuentes oficiales consultadas por Pinamar24, las autoridades municipales manifestaron "voluntad de adhesión" al programa.

Sin embargo, esa incorporación todavía no se concretó. Para que General Pueyrredón pase a formar parte formalmente de Entramados deberá firmarse un convenio específico para el distrito.

Así, mientras la Justicia puso en pausa durante 60 días la aplicación de la nueva normativa de punibilidad por las dudas sobre la capacidad estructural del sistema, en Mar del Plata continúa abierto el debate sobre qué herramientas utilizar para abordar el delito juvenil y qué rol debe asumir el municipio.