El Gobierno nacional profundizó las negociaciones con los bloques aliados en la Cámara de Diputados para conseguir respaldo a sus principales iniciativas legislativas. En ese marco, La Libertad Avanza aceptó revisar los cambios previstos en discapacidad, analizar límites a la compra de tierras por extranjeros y comenzar a discutir las obras públicas que recibirán las provincias en 2027.

Las concesiones buscan reducir las diferencias con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y distintas fuerzas provinciales. El oficialismo necesita sostener esos apoyos para avanzar con el Presupuesto 2027 y, al mismo tiempo, reunir voluntades para impulsar la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El Gobierno busca una alternativa para la Ley de Tierras

Uno de los puntos centrales de las conversaciones es la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que frenaba la desregulación, el tema volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda parlamentaria.

El artículo 154 del DNU 70/2023 había derogado la Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la propiedad extranjera. Ahora, el oficialismo analiza incorporar un nuevo capítulo sobre la cuestión al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Una de las alternativas con mayor respaldo entre los legisladores aliados consiste en recuperar el límite del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras. Sin embargo, todavía no existe una redacción definitiva y algunos sectores proponen establecer un porcentaje diferente.

El tratamiento en comisiones está previsto para el miércoles 14 de octubre, un día antes de la sesión especial solicitada por la oposición para debatir la derogación del DNU. Con esta estrategia, el Gobierno pretende ofrecer una alternativa a los bloques que rechazan la desregulación de la compra de tierras, pero tampoco quieren acompañar la caída completa del decreto.

Discapacidad: marcha atrás con el ajuste previsto

Otro de los ejes de la negociación es el capítulo sobre discapacidad incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Tras las críticas de los aliados, el oficialismo se comprometió a eliminar esa reforma y elaborar una propuesta alternativa.

El nuevo texto retoma varios puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos el nomenclador único de prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de las pensiones con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para acceder a una pensión.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a presentar información sobre las partidas presupuestarias destinadas al sector.

Sin embargo, aún quedan reclamos pendientes. Los bloques aliados piden que la actualización de las prestaciones por inflación quede expresamente establecida con periodicidad mensual y que se informe un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas. El oficialismo prevé llevar el tema al recinto el 21 de octubre.

Las obras públicas y las universidades, en la mesa de negociación

Durante las conversaciones, la UCR también reclamó preservar el financiamiento de las universidades nacionales. Por su parte, los representantes de las provincias plantearon la necesidad de conocer qué recursos y obras públicas, especialmente viales, recibirán sus distritos durante el próximo año.

Esos reclamos forman parte de una negociación más amplia: el Gobierno necesita el respaldo de los gobernadores para avanzar con su reforma política, cuyo objetivo principal es suspender las PASO y modificar el calendario electoral.

Algunos mandatarios provinciales mantienen diferencias con La Libertad Avanza sobre la estrategia electoral en sus territorios. Aunque no todos descartan acuerdos con el oficialismo, esperan garantías sobre el papel que tendrán sus propias fuerzas políticas y sobre la eventual presentación de candidatos libertarios en sus distritos.

El objetivo: evitar una derrota parlamentaria

La estrategia oficial busca mantener el apoyo de los bloques que habitualmente acompañan sus iniciativas y evitar que aporten el quórum necesario para la sesión opositora del 15 de octubre, que requiere la presencia de 129 diputados para comenzar.

Las negociaciones sobre discapacidad, tierras, universidades y obras públicas se convirtieron así en piezas de una discusión política más amplia, en la que el Gobierno intenta preservar su capacidad de aprobar leyes y evitar una derrota que ponga en riesgo parte de su agenda de desregulación.