Viernes 10 de Julio de 2026







 10/07/2026 - POLITICA
El Senado se prepara para tratar otros 26 pliegos judiciales

La Cámara Alta podría llegar el próximo 16 de julio a 100 carpetas aprobadas. El Ejecutivo aspira a llegar a las 300 a finales del 2027. El caso del juez Pesino, la presentación de una cautelar y la espera de la jueza Michelli.


El Senado podría volver a sesionar el 16 de julio para tratar al menos 26 pliegos judiciales ya dictaminados, en una nueva tanda del impulso que el Gobierno le imprimió a los nombramientos en la Justicia y que busca acelerar acuerdos antes de que algunos candidatos queden fuera por razones de edad o por la demora legislativa.



Ese paquete se sumaría a los 76 cargos que la Cámara Alta ya votó y de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el Ejecutivo completó el trámite de 46 jueces mediante decreto de nombramiento y su objetivo es llegar a 300 al final del mandato de Javier Milei, una cifra que lo convertiría en el presidente que más integrantes del Poder Judicial designó entre los últimos tres gobiernos.



Uno de los casos que el oficialismo quiere aprobar es el del juez Víctor Pesino. El magistrado dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y firmó la aplicación plena de la Reforma Laboral, al rechazar las presentaciones judiciales impulsadas por los sindicatos.



Pesino cumple 75 años a fin de mes. Si no obtiene el acuerdo del Senado el 16 de julio, deberá jubilarse, porque los legisladores fijaron como alternativa volver a sesionar recién el 6 de agosto, después del receso invernal.



En el medio de esto, y a sabiendas que la sesión del 16 de julio podría no suceder, el magistrado de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habilitó la Reforma Laboral, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años.



El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques negocia los pliegos que llegan al Congreso de la Nación. En esa discusión conviven nombres vinculados con la llamada familia judicial, intereses del Ejecutivo y reclamos de las provincias para cubrir cargos vacantes, en especial en juzgados ligados a las justicias electorales. En esa disputa, hasta ahora llevan ventaja los postulantes vinculados con el propio sistema judicial.
















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