Según la información recabada por la fiscalía, los delincuentes lograron apoderarse de efectivo en pesos y euros, joyas, equipos electrónicos y documentos personales. Además, forzaron a la víctima a entregar claves bancarias para realizar transferencias a cuentas vinculadas a otros integrantes de la banda, también presos. Antes de huir, ataron de pies y manos a la damnificada y escaparon del lugar.

El otro episodio bajo investigación fue el asalto de una vivienda ubicada en Puerto Rico 921, también en Martínez, donde los delincuentes accedieron luego de forzar la reja con un criquet y sustrajeron bienes de valor, dinero en efectivo en pesos y dólares, electrodomésticos, una notebook y objetos de alta gama.

Los ladrones escaparon en un vehículo Ford Fiesta blanco, cuya patente fue detectada por cámaras de seguridad y permitió identificar a uno de los cabecillas: Ortiz Lautaro Gabriel, actualmente detenido.

La investigación, liderada por detectives de la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal de Martínez, incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios y registros de videovigilancia. Así, se estableció que los hechos estaban organizados y dirigidos por internos de unidades penitenciarias, quienes utilizaban celulares para coordinar cada etapa de los robos.

Según el fiscal Ferrari, el grupo reclutaba a menores de edad para la ejecución material de los asaltos, mientras los líderes proveían información sobre las rutinas de las víctimas obtenida en redes sociales.

Además de Mancini, asaltaron a otro hombre de 32 años.

En este contexto ordenaron una serie de allanamientos, en los que la policía logró la aprehensión de Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, ambos identificados como líderes de la banda y alojados en la Unidad 45 de Melchor Romero y la Unidad 9 de La Plata respectivamente. En los operativos se secuestraron varios teléfonos celulares, presuntamente utilizados para la coordinación de los delitos.

Fuentes del caso confirmaron que, al momento de los hechos, los dos principales imputados compartían celda y dirigían las operaciones delictivas desde prisión, modalidad que se ha vuelto frecuente entre reclusos con acceso a telefonía celular.

La fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro también ordenó allanamientos en domicilios donde, según la investigación, podrían refugiarse otros miembros de la banda, en su mayoría menores de edad que permanecen prófugos.

“Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel. Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como éstos sigan marcando casas y comandando robos”, dijo al respecto el intendente Ramón Lanús.