Las últimas semanas en Pinamar han vuelto a exponer un fenómeno que los vecinos ya reconocen: las olas de robos no aparecen por casualidad. Detrás de los hechos delictivos, especialmente las entraderas, empiezan a señalarse mecanismos más profundos que involucran a sectores de la propia Policía bonaerense.

Según fuentes consultadas por Pinamar24, la Comisaría de Pinamar, junto con sus cuatro dependencias, tendría un “valor operativo” que rondaría el millón de dólares. Un número que muchos consideran exagerado, pero que coincide con la lógica territorial que se observa cada vez que cambian los jefes Departamentales o Comunales.

Cuando eso ocurre, arriba un equipo armado y aceitado, como si fuera una franquicia: comisarios, subcomisarios y —la pieza clave— los jefes de calle, quienes manejan el día a día del territorio. Son ellos quienes terminan marcando la relación real entre zonas liberadas, presencia policial y movimientos de bandas locales.

Especialistas en seguridad remarcan que es fundamental diferenciar entre dos tipos de hechos:

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  Robos calificados, que suelen implicar violencia o uso de armas.

  
  


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  Entraderas, una modalidad históricamente ligada a internas policiales y disputas por control territorial.

  
  

A medida que se acerca diciembre y la temporada de verano, la tensión se multiplica. Aumentan los hechos visibles, crece la sensación de inseguridad y el hartazgo vecinal marca la agenda pública. Según analistas, esos picos de delitos funcionan como herramientas de presión dentro de la propia fuerza.

El patrón se repite:
Crecen los robos → se genera conmoción social → los vecinos reclaman → se anuncia un cambio de autoridades.
Y ahí aparece el punto clave: el nuevo “kit de seguridad”.

Sin embargo, el relato oficial de que “se terminó el problema” rara vez coincide con la realidad. Los delincuentes no se convierten en monaguillos de la noche a la mañana: simplemente se trasladan a otra localidad donde la interna policial sigue su curso.

En un contexto donde Pinamar se prepara para otra temporada con más habitantes, más turistas y más presión sobre la seguridad, las preguntas vuelven a ser las mismas:
¿Quién maneja realmente el territorio? ¿Cuánto hay de delito común y cuánto de disputa interna?
Y, sobre todo, ¿quién se beneficia del desorden?