La Municipalidad de Castelli informó que los ex funcionarios municipales Laura Olguín y Sebastián Prediger se encuentran co-imputados en una investigación judicial vinculada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La causa se inició a partir de una denuncia impulsada por el intendente Francisco Echarren. En ese marco, la Justicia ordenó el allanamiento de la propiedad de ambos ex funcionarios, con intervención policial y de peritos, con el objetivo de recolectar pruebas y determinar el destino de distintos materiales.

Según informó el Municipio, una de las hipótesis que se investiga es si elementos destinados a la construcción de viviendas públicas fueron utilizados en beneficio de una obra privada.

Desde el Ejecutivo local expresaron: “No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia”.

La investigación sobre las viviendas públicas

Entre los aspectos que busca determinar la Justicia se encuentra la posible utilización de ladrillos, hierros y otros materiales correspondientes a la construcción de las 83 viviendas del barrio Curita.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, la investigación también analiza las coincidencias entre el inicio, el avance y la paralización de la obra pública y la construcción de una obra privada vinculada con los ex funcionarios.

Otro de los puntos bajo análisis es el destino de los materiales y recursos adquiridos para las viviendas destinadas a familias de Castelli.

Además, la causa contempla la situación de 28 techos pagados por el Municipio que no fueron entregados oportunamente. Este episodio había motivado una denuncia penal y posteriormente derivó en la restitución de materiales valuados en aproximadamente 300 millones de pesos.

También investigan el destino de materiales reciclables

La investigación también alcanza a Sebastián Prediger por el presunto destino de fondos provenientes de la venta de materiales reciclables de la planta municipal.

Según la información aportada a la causa, esos recursos debían beneficiar a los trabajadores. El Municipio indicó que alrededor de 20 trabajadores podrían brindar testimonio sobre la venta de los materiales y la falta de percepción del bono correspondiente.

Una compra de maquinaria bajo investigación

Otro de los hechos incluidos en la investigación está relacionado con la adquisición de una pala cargadora municipal.

Según informó la Comuna, se investiga un presunto sobreprecio cercano a los 12.000 dólares. El Municipio aseguró que aportó a la Justicia documentación vinculada con el procedimiento, incluidas actuaciones y solicitudes de compra que fueron anuladas antes de concretarse.

De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo local, la licitación fue anulada y posteriormente la misma máquina fue adquirida por 12.000 dólares menos que el monto propuesto en el procedimiento cuestionado.

El Municipio destacó las medidas judiciales

Desde el Ejecutivo de Castelli remarcaron que la investigación cuenta, según señalaron, con denuncias formalizadas, documentación y testimonios, además de medidas ordenadas por la Justicia.

“No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de denuncias formalizadas, personas imputadas, documentación aportada, testigos y medidas judiciales concretas como allanamientos y órdenes de secuestro”, señalaron desde el Municipio.

La causa continúa bajo investigación y deberá determinar si existieron las irregularidades denunciadas y, eventualmente, las responsabilidades correspondientes.