Virginia Aparicio, investigadora del INTA Balcarce y del CONICET, realizó entre 2020 y 2022 un estudio sobre la presencia de plaguicidas en distintas ciudades bonaerenses. El trabajo detectó estas sustancias en sangre, orina, materia fecal y aire, incluso entre personas que vivían lejos de las zonas de fumigación.
La investigadora Virginia Aparicio, integrante de la Estación Experimental del INTA de Balcarce y del CONICET, enfrenta un sumario administrativo que avanza hacia su posible exoneración del organismo, luego de participar de una investigación internacional sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en organismos humanos.
El estudio fue realizado entre 2020 y 2022 en Mar del Plata, Balcarce, Necochea, Tres Arroyos y Tandil, y contó con financiación de la Unión Europea. La investigación analizó distintas matrices ambientales y biológicas para determinar la presencia de estas sustancias más allá de los campos donde son utilizadas.
Los resultados registraron entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina, hasta 18 en materia fecal y entre 7 y 53 en el aire respirado. También se detectaron sustancias en alimentos, polvo de viviendas, granos, animales, suelos y agua.
Uno de los aspectos señalados por el estudio es que los plaguicidas fueron encontrados incluso en personas que vivían lejos de las zonas de fumigación, incluyendo muestras obtenidas en sectores urbanos.
El conflicto con el INTA
Según el texto difundido sobre el caso, en 2023, cuando estaba prevista la difusión de los resultados, el INTA ordenó a Aparicio detener la investigación y le prohibió comunicar sus conclusiones. Además, se inició un sumario administrativo contra la investigadora.
El expediente avanza actualmente hacia una posible exoneración por supuesto perjuicio económico al INTA. Sin embargo, el texto sostiene que el proyecto SPRINT fue financiado por la Unión Europea, por lo que cuestiona ese argumento.
La situación también generó reclamos de organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, entidades vinculadas con la defensa de la investigación científica y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA).
Estas organizaciones impulsan una campaña para evitar la exoneración de Aparicio y reclaman que se puedan divulgar los resultados obtenidos durante la investigación, a los que consideran relevantes para analizar las condiciones ambientales y sus posibles efectos sobre los habitantes de la región.
El dossier difundido sobre este tema puede leerse completo haciendo click aquí.
