El pronunciamiento fue realizado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Agustín López Cóppola, diez días después de la cautelar inicial que había mencionado expresamente a las distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, pero no a las cooperativas eléctricas.

La aclaración de la Justicia

La precisión surgió a partir de un nuevo planteo de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El magistrado señaló que los efectos de la cautelar alcanzan a las entidades prestadoras del servicio público de energía eléctrica que se encuentran bajo jurisdicción provincial y municipal.

Según explicó López Cóppola, no era necesario dictar una nueva resolución, debido a que las cooperativas ya estaban comprendidas dentro de los alcances de la Resolución 585/2026, cuya aplicación había sido suspendida por el tribunal.

Para garantizar que todas las entidades fueran notificadas formalmente, el juez ordenó al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) comunicar la medida a las prestadoras alcanzadas por la resolución.

Qué ocurre con las facturas

El cuadro tarifario cuestionado había comenzado a regir el 1° de agosto e incluía aumentos sobre componentes provinciales de la tarifa, principalmente el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Con la suspensión, las facturas deberán emitirse de acuerdo con el esquema tarifario anterior. Además, quienes ya hayan abonado montos calculados con los valores ahora suspendidos deberán recibir esas sumas como saldo a favor en la próxima factura, según lo establecido por la medida judicial.

La decisión incorpora así a las cooperativas eléctricas del interior bonaerense al alcance de la cautelar y tiene un impacto directo en los usuarios de distintas localidades de la región, entre ellas Pinamar, Madariaga, Villa Gesell y La Costa.