La defensa de la expresidenta llevó nuevas pruebas al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pidió que se revise la condena y se suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El equipo jurídico busca que el planteo sea analizado durante la próxima sesión del organismo, prevista para octubre.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, formalizaron este martes la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena recibida en la causa Vialidad.
La presentación incorpora nuevas pruebas que, según sostiene la defensa, demostrarían irregularidades en los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta. Entre sus pedidos figura la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 2.
Las nuevas pruebas presentadas por la defensa
Uno de los principales elementos incorporados por los abogados es un informe elaborado por Specs Consultoría, que analiza la distribución de fondos de un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad.
Según la defensa, el estudio concluyó que el Grupo Austral, perteneciente al empresario Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados al fideicomiso. Los abogados sostienen que ese dato contradice uno de los fundamentos centrales utilizados en la sentencia.
La defensa también señaló que el principal destinatario de esos fondos habría sido IECSA S.A., empresa vinculada al empresario Ángelo Calcaterra. Estos argumentos serán presentados tanto ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU como ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde la defensa prepara un recurso de revisión.
Qué puede hacer la ONU
El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.
El organismo puede analizar si existieron vulneraciones de derechos y garantías durante un proceso judicial. Sin embargo, sus pronunciamientos no funcionan como una sentencia de un tribunal argentino ni pueden anular directamente una condena penal. Una eventual decisión favorable podría formular recomendaciones al Estado argentino y tener consecuencias jurídicas e institucionales posteriores.
La defensa pretende que el caso sea tratado en la sesión de octubre. Rafael Valim señaló que el objetivo es que el Comité pueda examinar el planteo y que, posteriormente, la Justicia argentina evalúe sus conclusiones.
El brasileño Rafael Valim, Carlos Beraldi y el español Javier Borrego. (RS Fotos)
La estrategia judicial en Argentina
En paralelo con la presentación internacional, los abogados de Cristina Kirchner impulsarán un recurso de revisión ante la Justicia argentina. Beraldi sostuvo que, a partir de ese recurso, se puede solicitar la suspensión de los efectos de la condena mientras se analiza el planteo.
La defensa busca que las nuevas pruebas sean consideradas para revisar la sentencia dictada en la causa Vialidad. Un magistrado que intervino en el expediente y fue consultado por Infobae cuestionó los argumentos presentados y señaló que el planteo sobre la distribución de fondos ya había sido discutido durante el proceso.
El trámite ante la ONU constituye así una nueva instancia dentro de la estrategia judicial de la expresidenta, luego de que la condena quedara firme en el máximo tribunal argentino.
