Lo que comenzó con la denuncia del supuesto robo de una ambulancia terminó destapando una investigación de mayor alcance. El pasado 22 de julio, una persona denunció en la comisaría vial de General Madariaga que la ambulancia Fiat Ducato en la que viajaba había sufrido un desperfecto mecánico mientras se dirigía desde Pinamar hacia La Plata para trasladar a un paciente.

Sin embargo, la versión presentó numerosas inconsistencias. Según la investigación, los ocupantes del vehículo no solicitaron asistencia a AUBASA, tampoco dieron aviso a la Policía Vial ni a la compañía aseguradora para gestionar una grúa. Además, el recorrido denunciado no pudo ser corroborado mediante las cámaras de seguridad instaladas en Pinamar, la Ruta 74 y el acceso a General Madariaga, lo que llevó a la Fiscalía a sospechar de una falsa denuncia.

Ante estas irregularidades, la Unidad Funcional de Instrucción de General Madariaga ordenó allanamientos en la sede de la empresa Emergencias del Mar (Emar), ubicada en Pinamar, y en un domicilio de Santa Clara del Mar vinculado a uno de los investigados. Durante esos procedimientos iniciales se halló una importante cantidad de medicamentos vencidos, lo que abrió nuevas líneas de investigación relacionadas con presuntos delitos contra la salud pública.

Como consecuencia de esos hallazgos, en las últimas horas se realizaron nuevos allanamientos en la sede de Emar, ubicada en la esquina de las calles Del Cangrejo y Apolo, en Pinamar. Allí, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y cerca de 5.000 medicamentos e insumos médicos vencidos, entre ellos ampollas de fentanilo, psicofármacos, sedantes, adrenalina, corticoides, antiarrítmicos, analgésicos, broncodilatadores, soluciones fisiológicas, jeringas y una importante cantidad de comprimidos de distintas especialidades farmacológicas.

Lugar del allanamiento en la sede de Emar.

Además, el procedimiento permitió incautar una gran cantidad de documentación presuntamente irregular, entre la que se encontraban recetarios de hospitales regionales sin autorización, recetas médicas con sellos y firmas presuntamente apócrifas, 14 sellos pertenecientes a profesionales de la salud, planillas de traslado de pacientes sin la firma del médico autorizante y certificados oficiales para la prescripción de psicofármacos del Ministerio de Salud bonaerense incompletos, aunque firmados y sellados.

Como resultado del operativo fue imputado el responsable del establecimiento, Diego Maio, quien por el momento no quedó detenido. La causa, a cargo del fiscal Walter Mercuri, continúa avanzando y, según indicó el propio funcionario judicial, la investigación 'recién comienza', ya que resta establecer la verdadera estructura de la empresa, identificar a sus propietarios y determinar la posible comisión de otros delitos.

Entre las principales hipótesis que analiza la Justicia figuran la presunta comercialización de medicamentos vencidos, la emisión de certificados médicos falsos, el uso indebido de documentación sanitaria y la eventual participación de profesionales de la salud y laboratorios en las maniobras investigadas. Mientras continúan las pericias sobre los elementos secuestrados, los investigadores buscan establecer el alcance real de una causa que podría involucrar nuevos delitos y más personas.