La gestión de los residuos y el impacto ambiental de los basurales a cielo abierto se mantiene como un problema vigente en el territorio bonaerense, hecho que tiene en creciente tensión a los municipios de General Madariaga, Villa Gesell y Pinamar por el canon que estos últimos dos abonan a su vecino para la disposición y tratamiento de la basura.

Como Pinamar y Villa Gesell no pueden disponer de los residuos en sus localidades para no dañar la arena en lugares donde el turismo es la actividad principal, pagan para que los residuos se traten en General Madariaga. Allí, el intendente radical Esteban Santoro elevó el precio de ese canon y activó la tensión con sus vecinos de la Quinta sección.

“Si mandás más basura, obviamente que tenés que pagar más”, sentenció el alcalde radical en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, donde dedicó un buen tramo del discurso a exponer sobre la crisis del basural que se ubica sobre la Ruta 11.

El jefe comunal puso énfasis en que, tras varios años de litigios judiciales contra la empresa Ecoplata y la familia Tiberio, se logró la expropiación de 98 hectáreas del sitio donde funciona el basural.

La idea es levantar allí el Centro Ambiental de Madariaga, que se puso en marcha en 2021 de manera conjunta entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia, el exministerio de Ambiente de la Nación y los municipios costeros para la gestión sustentable de residuos y el saneamiento de basurales a cielo abierto. Con la llegada del gobierno de Javier Milei a la administración nacional, eso se frenó.

En su exposición, Santoro denunció que el cambio de gobierno nacional en diciembre de 2023 frenó el financiamiento del BID que ya estaba acordado para el proyecto de reciclado y cuestionó la falta de respuesta de la Secretaría de Ambiente Nacional, a cargo del exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Con todo, los intendentes de Pinamar y Villa Gesell, Juan Ibarguren (PRO) y Gustavo Barrera (PJ), respectivamente, continúan enviando los residuos allí, pero ahora deberán pagar mucho más.

“Se quejaron porque actualizamos el mínimo de toneladas al predio ubicado en la Ruta 11. El valor se modificó luego de varios años -de 2018 a 2025 fue el mismo- ya que se registró un aumento significativo en el flujo de ingreso diario de camiones al lugar, que corresponde al crecimiento poblacional de ambas localidades”, sostuvo Santoro.

Según los datos que aportó, en 2018 el ingreso mensual era de 14 a 16 camiones de Pinamar en temporada alta (enero a marzo); y de 10 a 12 de abril a diciembre, mientras que actualmente es de 27 a 32 camiones en verano y de 20 a 23 en temporada baja.

Sobre Villa Gesell, expuso que para 2018 enviaban entre 12 y 13 camiones de enero a marzo; y de 9 a 10 entre abril y diciembre; pasando de 23 a 27 camiones en verano; y de 18 a 21 en el resto del año.

“Nosotros pagamos un canon de alrededor de 50 millones de pesos y ahora pasó a 160 millones. La cantidad de basura depende de la época del año, pero no es que ha variado demasiado la población”, describió el intendente gesellino.

El jefe comunal peronista tiene el Presupuesto prorrogado dado el rechazo del Concejo Deliberante a la última ordenanza de ese estilo, por lo que la partida del Presupuesto prorrogado para este ítem alcanza para cubrir solo tres meses de recolección y disposición final.

“La idea es tener una reunión con el intendente Santoro para ver si podemos llegar a una solución”, dijo Barrera.

En qué consiste el proyecto ambiental que frenó Milei en Madariaga

El proyecto de puesta en marcha del Centro Ambiental de Madariaga contempla la construcción de seis plantas de separación y transferencia distribuidas en el sudeste de la provincia, como así también la construcción de un relleno sanitario regional en General Madariaga para que también dispongan las ciudades vecinas de Villa Gesell, Pinamar, General Lavalle, La Costa, Mar Chiquita y localidades de Pirán, Coronel Vidal y Santa Clara del Mar.

Además, incluye la puesta en marcha de plantas de transferencia en Coronel Vidal y un centro ambiental con transferencia y planta de separación en Santa Clara, ambos en el partido de Mar Chiquita.

“Todo el proyecto estaba listo y aprobado, incluso el financiamiento. Junto al exMinisterio de Ambiente de la Nación gestionamos un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que nos aprobó un presupuesto aproximado de 15 millones de dólares, un costo que de otra manera sería imposible de afrontar para la Provincia”, señaló la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

Una de las claves de la importancia de la iniciativa radica en que los municipios costeros salvaguardan ecosistemas clave de la provincia, ya que ostentan una gran riqueza en biodiversidad, humedales y dunas, fundamentales para las reservas de agua dulce.

A ello se agrega que se trata de una región muy sensible, dado que se ve afectada por la amenaza latente de la erosión costera y el aumento del nivel del mar, producto de la crisis climática. No es menos importante que se trata, también, de una zona que cada año recibe a millones de turistas, generando una importante actividad económica para esos municipios.

La realización del proyecto y la gestión del crédito llevó meses, hasta que alcanzaron todos los vistos buenos para comenzar con las obras y desde Nación debía iniciarse la licitación, hasta que la administración nacional actual frenó todo este proceso.

“Este proyecto impactaría no solo en una mejor gestión ambiental, sino también social y con inclusión laboral. Queremos darle una verdadera infraestructura al espacio de trabajo de las y los recuperadores urbanos que se ocupan de brindar un servicio público ambiental que merece ser mejor reconocido”, añadió Vilar.