La presentación del proyecto de ley de la diputada nacional Karen Reichardt para crear un régimen de habilitación, registro y fiscalización de criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía reabrió un debate que divide desde hace años a organizaciones proteccionistas y criadores. Mientras algunos sostienen que la actividad necesita reglas claras y controles más estrictos, otros consideran que cualquier regulación termina legitimando la comercialización de animales y que el objetivo debería ser desalentarla.
Ese contrapunto quedó expuesto en Infobae a la Tarde, donde Miguel Ángel Nodar, presidente del Club Argentino de Registro Canino, y Sergio Moragues, director de Desarrollo Institucional de El Campito Refugio, confrontaron sus posturas sobre la iniciativa impulsada por Reichardt y, sobre todo, sobre el modelo de relación que la sociedad debería tener con los animales de compañía.

La regulación como respuesta a un conflicto histórico

Para Nodar, el proyecto constituye una oportunidad para ordenar una actividad que hoy se desarrolla sin un marco nacional uniforme. “La crianza responsable y ética no es maltrato”, afirmó, al defender una práctica que —aseguró— es completamente legal en Argentina y que no puede equipararse con situaciones de crueldad animal. En esa línea, sostuvo que la iniciativa “va en la dirección correcta”, aunque consideró que debería ser “más clara y específica” para evitar interpretaciones ambiguas.
El presidente del Club Argentino de Registro Canino atribuyó buena parte de los problemas actuales a la falta de una legislación nacional. “Todo lo que no está prohibido está permitido en la Argentina”, señaló, antes de explicar que la entidad aplica un sistema de autorregulación mediante una “libreta de bienestar animal”, en la que veterinarios certifican las condiciones sanitarias y de manejo de los ejemplares. “Nosotros promovemos que la gente exija que el criadero esté oficialmente registrado”, agregó.
Moragues cuestionó esa mirada desde una posición diametralmente opuesta. Para el referente de El Campito, el problema no radica en la ausencia de controles sino en la existencia misma de un mercado de animales de compañía. “No debería existir la venta de perros. Un bien es una cosa; un ser vivo es otra cosa”, sostuvo, al advertir que el proyecto termina otorgando un marco legal a una actividad que considera incompatible con el bienestar animal.
A partir de allí, la discusión trascendió el contenido del proyecto y derivó en un debate ético. “Hay un debate que nos tenemos que dar como sociedad. Si privilegiamos la estética o privilegiamos tener seres a los que queremos como hijos”, planteó Moragues, quien cuestionó la reproducción selectiva de razas y la comercialización de animales mientras miles de perros esperan ser adoptados en refugios.
Nodar rechazó esa caracterización y defendió la diferencia entre una crianza responsable y situaciones de explotación. “La explotación puede haber en muchos ámbitos. Nosotros no hablamos de explotación ni de producción canina”, respondió. Incluso llevó el planteo a otro terreno al preguntarse: “Si criar perros es un maltrato, ¿por qué criar vacas no?”. A su entender, el foco del debate debería estar puesto en garantizar condiciones adecuadas de bienestar animal y no en prohibir una actividad que hoy es legal.

El desafío de controlar la actividad

Las diferencias también quedaron en evidencia al discutir la posibilidad real de fiscalizar los criaderos.
Moragues puso como ejemplo la situación de la Ciudad de Buenos Aires, donde los criaderos están prohibidos, aunque —según afirmó— muchos continúan funcionando de manera clandestina. “Argentina es maravillosa creando normas que después nadie las hace cumplir”, resumió, al sostener que el principal problema no es la falta de leyes sino la ausencia de controles efectivos.
Nodar coincidió en que cualquier regulación debe ser aplicable, pero llegó a la conclusión opuesta. A su juicio, la inexistencia de una normativa nacional favorece precisamente la clandestinidad y dificulta distinguir entre quienes cumplen estándares de bienestar animal y quienes desarrollan la actividad sin ningún tipo de supervisión.
El intercambio también alcanzó el plano jurídico. Mientras Nodar recordó que “jurídicamente los animales son cosas, son semovientes”, de acuerdo con el Código Civil y Comercial, Moragues respondió que esa interpretación convive con la Ley de Protección Animal y con una evolución de la jurisprudencia que reconoce a los animales como sujetos de derecho. “La jurisprudencia es unánime en decir que son sujetos de derecho”, aseguró.

El negocio detrás de la crianza

La dimensión económica del sector fue otro de los puntos de mayor confrontación.
“Los criaderos gastan alrededor de 100 millones de dólares al año en la economía argentina”, afirmó Nodar al defender el impacto de la actividad. Según explicó, se trata mayoritariamente de emprendimientos familiares y sostuvo que “el 70 u 80% de los criadores son mujeres” y que “es una actividad familiar que no da grandes ganancias”.
Moragues rechazó ese argumento y sostuvo que el volumen económico no modifica el debate de fondo. “Busquen un trabajo donde no estén explotando un ser vivo”, respondió, antes de marcar la diferencia que, a su juicio, existe entre rescatar animales y criarlos para su venta. “No es lo mismo rescatar 100 perros que vender 100 perros”, afirmó.
El intercambio incluso derivó en el concepto de humanización de los animales. Para Nodar, “la humanización es el problema más grande que le están haciendo a los perros”, porque implica desconocer sus necesidades naturales. Moragues retrucó con ironía: “Más humanización que llamar crianza a fabricar un animal genéticamente, no escuché”.
El proyecto impulsado por Reichardt todavía deberá atravesar el debate legislativo, pero ya dejó expuesta una discusión que excede el texto de la iniciativa. Para quienes respaldan la propuesta, una regulación nacional permitiría promover la crianza responsable y combatir la clandestinidad. Para sus detractores, en cambio, cualquier norma que habilite la comercialización de animales implica legitimar una práctica que debería desaparecer. Esa tensión será, precisamente, uno de los principales ejes de la discusión cuando el proyecto llegue al Congreso.