La jueza Marta Elba Pascual habló por primera vez luego de firmar la resolución que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a regir este lunes.

La magistrada explicó que su decisión estuvo vinculada principalmente con la falta de infraestructura y recursos materiales para que el Estado provincial pueda aplicar la nueva legislación, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

En diálogo con Radio Now, Pascual sostuvo que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas, aunque aclaró que no pretende minimizar los delitos cometidos por adolescentes.

“No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó.

La jueza consideró que, si no existen los mecanismos necesarios para implementar las distintas medidas previstas por la normativa, la legislación no resultará beneficiosa ni para la sociedad ni para los jóvenes.

El fallo y el habeas corpus

La resolución de Pascual surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en beneficio de adolescentes que se encuentran privados de su libertad.

El eje de la decisión está puesto en la capacidad del Estado provincial para absorber el posible incremento de jóvenes que ingresen al sistema penal a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La legislación permite procesar a adolescentes de 14 y 15 años por delitos contemplados en el Código Penal, mientras que la normativa anterior establecía un límite de imputabilidad de 16 años.

Pascual aclaró que su posición no implica estar en contra de la reducción de la edad de imputabilidad. Su cuestionamiento apunta a las condiciones en las que los adolescentes podrían cumplir las medidas establecidas por la nueva legislación.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, sostuvo.

“Tengo la obligación de devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad”

La magistrada también se refirió a las demandas de las víctimas. Según explicó, en muchos casos quienes sufrieron un delito reclaman que los responsables permanezcan presos durante largos períodos.

“Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, explicó.

En ese sentido, insistió en que su postura no busca desconocer la gravedad de los delitos, sino garantizar que las medidas adoptadas permitan una verdadera intervención sobre los adolescentes.

La situación de los menores de 14 a 16 años

Pascual también rechazó la idea de que la suspensión del nuevo régimen implique dejar sin herramientas al sistema judicial para actuar frente a adolescentes de entre 14 y 16 años.

Según explicó, la ley procesal vigente en la provincia de Buenos Aires ya permite que los jueces de garantías dispongan la privación de libertad de adolescentes de esa franja etaria.

La magistrada señaló que actualmente hay alrededor de 100 menores de entre 14 y 16 años detenidos en territorio bonaerense.

La respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

La decisión judicial generó una reacción inmediata del Gobierno nacional. La senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la nueva legislación, cuestionó el fallo y sostuvo en redes sociales que la provincia de Buenos Aires tiene una justicia “garantista” que deja libres a jóvenes para que continúen cometiendo delitos.

Bullrich también apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de ponerse “del lado de los delincuentes”.

Ante esas críticas, Pascual respondió reivindicando su postura.

“Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”, afirmó.

Qué espera que ocurra durante los 60 días

La jueza planteó que el período de suspensión debe servir para que los distintos poderes del Estado acuerden cómo se implementará el nuevo régimen.

Entre las cuestiones que considera necesario definir se encuentran quién supervisará a cada joven, con qué recursos funcionarán los centros de detención y cómo se aplicarán las medidas alternativas al encierro contempladas por la legislación.

“Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió.

De esta manera, Pascual sostuvo que los 60 días de suspensión deberían utilizarse para resolver las condiciones materiales y operativas necesarias antes de avanzar con la aplicación efectiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.