El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió este domingo el accionar de la Policía de la Ciudad durante los operativos realizados frente al Congreso y vinculó esa postura con su política contra las usurpaciones de viviendas.

En una entrevista, Macri aseguró que la actuación policial durante la marcha del jueves fue “legítima” y sostuvo que el Estado debe intervenir ante situaciones de violencia y ocupaciones ilegales.

En ese sentido, respaldó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado, aunque consideró que la protección de la propiedad ya está contemplada en la Constitución.

Para Macri, el principal factor para combatir las usurpaciones no es necesariamente modificar las leyes, sino garantizar que exista una decisión política para aplicarlas.

“Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado, no alcanza”, afirmó.

El jefe de Gobierno aseguró que durante su gestión la Ciudad ya recuperó 901 propiedades usurpadas. También señaló que en los operativos participan distintos organismos, entre ellos la Policía, la Justicia y áreas de Desarrollo Humano, además de equipos destinados a atender posibles riesgos para menores, situaciones de emergencia y animales.

Macri sostuvo que las viviendas ocupadas ilegalmente pueden convertirse en escenarios vinculados con otros delitos y afirmó que en algunos de esos inmuebles se detectaron situaciones relacionadas con la venta de drogas y el trabajo esclavo.

La postura frente a los incidentes en el Congreso

El jefe de Gobierno también se refirió a los incidentes registrados el jueves frente al Congreso, durante una movilización vinculada al tratamiento de la ley de tierras.

Macri afirmó que existió “plena coordinación” entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y las nacionales. Explicó que mientras el Gobierno nacional se ocupa de los principales objetivos federales, la Policía porteña interviene en los anillos externos de seguridad.

En ese contexto, rechazó que los hechos puedan ser considerados una manifestación pacífica.

“Acá estamos enfrentando a delincuentes. Esto no es una marcha pacífica. No se confundan”, sostuvo.

También defendió a los efectivos porteños frente a las críticas de sectores de la oposición y aseguró que los procedimientos se realizan con fiscales, cámaras de seguridad y registros audiovisuales que permiten identificar posteriormente a quienes cometen delitos.

Según Macri, algunos de los detenidos durante los incidentes tenían antecedentes penales y remarcó que las fuerzas de seguridad deben actuar cuando las protestas derivan en hechos violentos.

“No vamos a dejar que transformen a la Ciudad”

En el tramo más contundente de la entrevista, Macri vinculó su política de seguridad con su visión sobre el futuro de Buenos Aires.

“Nosotros no vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”, afirmó.

El jefe de Gobierno acusó a determinados sectores políticos y sociales de intentar “romper la Ciudad” y sostuvo que su administración busca diferenciarse mediante una política de mayor intervención estatal frente a la inseguridad, las usurpaciones y los hechos de violencia.

Respecto de la nueva legislación sobre propiedad privada, Macri calificó la media sanción como “un avance” y destacó especialmente la posibilidad de implementar mecanismos de desalojo exprés.

Según su planteo, una mayor protección de la propiedad privada podría favorecer la inversión, el desarrollo y el acceso a la vivienda.

Otros temas

Durante la entrevista, Macri también habló sobre el financiamiento del sistema de salud porteño. Aseguró que la Ciudad pasó de recaudar alrededor de 10 millones de dólares anuales a proyectar 140 millones de dólares este año por prestaciones de salud brindadas a extranjeros, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Además, se refirió al sistema universitario y consideró necesario abrir un debate sobre el financiamiento de la universidad pública y los posibles aranceles para estudiantes extranjeros.

El jefe de Gobierno planteó que debería analizarse un criterio de reciprocidad, especialmente en aquellos casos en los que los ciudadanos argentinos deben pagar por sus estudios universitarios cuando se encuentran en otros países.