La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata presidencial en 2027 volvió a instalarse en la agenda política, aunque enfrenta importantes obstáculos judiciales. Su defensa busca que un organismo de Naciones Unidas intervenga sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió tras la condena en la causa Vialidad.

La estrategia se desarrolla en tres frentes: el reclamo internacional, la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las negociaciones dentro del peronismo para definir una eventual candidatura presidencial.

La expresidenta cumple seis años de prisión domiciliaria y tiene una condena firme que también le impide ejercer cargos públicos de manera perpetua. Además, fue excluida del padrón electoral.

El reclamo ante Naciones Unidas

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de cuestionar aspectos del juicio de Vialidad y solicitar medidas provisionales que protejan sus derechos políticos.

La presentación fue impulsada por los abogados Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, de España, junto con el defensor penal Carlos Alberto Beraldi. El planteo incluye también objeciones relacionadas con las condiciones de la prisión domiciliaria.

La defensa incorporó documentación económica para cuestionar uno de los fundamentos de la condena. Un informe elaborado por la consultora brasileña Specs analizó unos USD 2.200 millones destinados a 367 obras viales, correspondientes a una partida específica del presupuesto nacional entre 2009 y 2015.

Según ese estudio, las empresas vinculadas con el Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían recibido alrededor de USD 18,66 millones de los fondos examinados. Los abogados buscan utilizar esos resultados para discutir la interpretación judicial sobre el direccionamiento de recursos públicos.

Sin embargo, el informe se limita a una fuente de financiamiento y no comprende todos los mecanismos ni la totalidad de las pruebas valoradas en la causa.

El Comité puede disponer medidas provisionales para evitar daños irreparables mientras analiza una denuncia, pero una decisión de ese tipo no implica que haya aceptado los argumentos de fondo.

La postura de la Corte Suprema

En paralelo, en la Corte Suprema consideran que una eventual resolución del organismo internacional no modificaría automáticamente la condena firme contra la exmandataria.

La posición predominante dentro del máximo tribunal, según el análisis publicado, es que los pronunciamientos del Comité pueden expresar una interpretación sobre las obligaciones internacionales de la Argentina, pero no reemplazan las decisiones definitivas de los tribunales nacionales.

También existe una discusión sobre si la defensa cuestionó de manera específica la inhabilitación perpetua al recurrir la condena ante la Corte. Ese punto podría incidir en el análisis de admisibilidad del reclamo internacional.

Por su parte, los abogados de Cristina Kirchner sostienen que los tratados internacionales de derechos humanos permiten revisar las restricciones impuestas sobre sus derechos políticos.

La discusión, por lo tanto, no se limita a la posibilidad de obtener una resolución favorable en Ginebra: también involucra cómo podría aplicarse una eventual decisión dentro del sistema judicial argentino.

Una fórmula presidencial bajo análisis

Mientras avanza el frente judicial, sectores del kirchnerismo estudian distintas alternativas para mantener a Cristina Kirchner en el centro de la estrategia electoral de 2027.

El diputado nacional Máximo Kirchner afirmó recientemente que su madre tiene voluntad de competir por la Presidencia y sostuvo que el peronismo perdería competitividad si ella no estuviera en la boleta.

Entre las opciones que se analizan aparece la posibilidad de conformar una fórmula presidencial con Cristina Kirchner acompañada por un dirigente capaz de reunir a otros sectores del justicialismo. En las conversaciones mencionadas figuran Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Sergio Massa.

Una de las hipótesis contempla inscribir la candidatura de la expresidenta aun cuando su inhabilitación pudiera impedir que fuera oficializada, para luego intentar que su compañero de fórmula ocupe el primer lugar.

Sin embargo, esa alternativa enfrenta dificultades jurídicas. La normativa electoral contempla reemplazos en determinadas circunstancias, como renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, pero una candidatura rechazada por no cumplir los requisitos legales plantea una situación diferente que debería resolver la Justicia Electoral.

La disputa interna con Axel Kicillof

El armado electoral también está atravesado por las diferencias entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien mantiene su propio proyecto político con vistas a 2027.

El mandatario provincial busca fortalecer su estructura territorial y ampliar sus vínculos con otros referentes antes de tomar una decisión electoral. Su estrategia lo mantiene en un camino distinto al de los dirigentes que impulsan una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

A esa disputa se suma el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Una eventual eliminación o suspensión modificaría el mecanismo de selección de candidatos y podría alterar las negociaciones entre los distintos sectores del peronismo.

Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof permanecen de pie en un auditorio durante un acto político en Argentina.

Una candidatura condicionada por tres escenarios

El futuro electoral de Cristina Kirchner dependerá de decisiones que se tomarán en ámbitos diferentes y con plazos propios. El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá evaluar el reclamo presentado por su defensa, mientras que la posición de la Corte Suprema anticipa dificultades para modificar los efectos de la condena.

Al mismo tiempo, el peronismo deberá resolver cómo organizar su oferta presidencial y cómo procesar las diferencias entre el kirchnerismo y el proyecto de Kicillof.

Por ahora, la candidatura de Cristina Kirchner para 2027 sigue siendo jurídicamente improbable, aunque continúa teniendo peso en las discusiones políticas sobre el liderazgo y el futuro electoral del peronismo.