En medio de las tensiones dentro del peronismo bonaerense, la diputada Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, presentó un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de administración y reutilización social de bienes secuestrados y decomisados en causas penales de competencia provincial. La iniciativa plantea que esos activos puedan dejar de permanecer bajo custodia durante largos períodos y tengan un destino productivo o social, siempre bajo las condiciones establecidas por la Justicia.

El proyecto fue presentado en un momento particularmente sensible para el kirchnerismo, mientras la Justicia avanza con el embargo de los bienes de Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad. Entre los bienes alcanzados por la medida se encuentra incluso el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La propuesta establece como principios la conservación del valor de los bienes, la reparación integral de las víctimas, la preservación del valor económico del decomiso, la reutilización social y la transparencia en su administración y destino.

Uno de los puntos centrales es la creación de la Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados, un organismo autárquico y descentralizado que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense. Tendría a su cargo la custodia, administración, asignación y eventual disposición de los bienes secuestrados y decomisados por orden judicial.

El organismo estaría conducido por un directorio de cuatro integrantes: un presidente designado por el Poder Ejecutivo provincial, un representante del Ministerio Público Fiscal, otro de la Suprema Corte bonaerense y un cuarto integrante propuesto por organizaciones de la sociedad civil inscriptas en un registro especial.

Además, el proyecto contempla la creación de un Registro Provincial y Público de Bienes Secuestrados y Recuperados, con el objetivo de garantizar transparencia y publicidad sobre los activos administrados.

Según la iniciativa, determinados bienes podrían ser reutilizados por organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil mediante propuestas públicas y transparentes, priorizando aquellas destinadas a reparar a las víctimas o que generen un mayor impacto social en la lucha contra el crimen organizado.

También se prevén audiencias públicas para definir el destino de determinados bienes cuando, por sus características, origen o relevancia institucional y social, resulte necesaria una mayor participación de la comunidad. Las audiencias deberían realizarse en la localidad donde se encuentren los activos y transmitirse por medios digitales.

El régimen alcanzaría a vehículos, embarcaciones, aeronaves, inmuebles y unidades productivas vinculadas con investigaciones penales. En el caso de empresas o unidades productivas decomisadas, el proyecto busca priorizar la continuidad de la actividad económica y la preservación de los puestos de trabajo cuando existan posibilidades concretas de mantener o reanudar la producción.