El Senado volvió a debatir este miércoles el proyecto conocido como Súper RIGI, pero el encuentro terminó sin representantes del Poder Ejecutivo y sin avances concretos hacia un dictamen.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había sido convocado para participar del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Legislación General, pero comunicó pocas horas antes que no asistiría.

En principio, el debate continuará la próxima semana, mientras el proyecto aprobado por Diputados permanece sin avanzar en la Cámara alta.

La iniciativa busca establecer un régimen destinado a atraer proyectos de inversión de al menos USD 1.000 millones en sectores considerados estratégicos o vinculados con las denominadas “industrias del futuro”.

Si el Senado introduce modificaciones, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.

Críticas por los beneficios y el impacto ambiental

Uno de los primeros expositores fue Guido Zack, director de Economía de Fundar, quien planteó la necesidad de establecer controles anuales sobre aspectos como el cumplimiento ambiental, el consumo de agua y el consumo energético.

También cuestionó la relación entre las posibles sanciones y el tamaño de las inversiones. Señaló que las multas de hasta $600 millones podrían representar apenas una pequeña proporción del valor mínimo de los proyectos alcanzados por el régimen.

“Son necesarias las garantías, pero no es lo mismo que concesiones ilimitadas”, sostuvo.

Por su parte, Micaela Sánchez Malcolm, exsecretaria de Innovación Pública y actual titular de una ONG, planteó interrogantes sobre las condiciones vinculadas con el impacto que podrían generar los centros de datos, uno de los sectores que podría beneficiarse del régimen.

El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, también cuestionó el plazo de estabilidad previsto y afirmó que 30 años sin condiciones no constituye un período habitual en otros países.

Entre sus propuestas mencionó una evaluación oficial del gasto tributario, porcentajes mínimos de integración local y compromisos de inversión.

El oficialismo defendió los 30 años de estabilidad

Las críticas generaron una fuerte respuesta de los legisladores libertarios.

El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero defendió el plazo de estabilidad de tres décadas y argumentó que el país necesita ofrecer previsibilidad después de años de inestabilidad.

“Son 30 años porque venimos de 100 años de inestabilidad”, sostuvo.

El legislador señaló además que el régimen busca generar condiciones para atraer proyectos que actualmente no existen en Argentina y puso como ejemplo la posibilidad de desarrollar una refinería de cobre para exportar productos con mayor valor agregado.

También sostuvo que el proyecto contempla informes destinados a garantizar que las inversiones no comprometan los recursos ni la infraestructura existente.

La senadora neuquina Nadia Márquez también defendió la iniciativa y pidió no generar temores alrededor de la explotación de recursos naturales.

En ese contexto, hizo referencia a Vaca Muerta y cuestionó las críticas relacionadas con el agua, las montañas y otros recursos naturales.

El kirchnerismo cuestionó al Gobierno

Desde la oposición, el senador Mariano Recalde respondió a los argumentos oficialistas y cuestionó los resultados de la actual gestión en materia de inversión extranjera directa.

Según sostuvo, durante los últimos cuatro gobiernos hubo ingreso de inversión extranjera directa, mientras que durante el actual mandato el indicador habría registrado USD 596 millones negativos.

Recalde también afirmó que las inversiones realizadas en Vaca Muerta se concretaron sin necesidad del RIGI y sostuvo que el proyecto de inversión de Petronas, estimado en USD 35.000 millones, no avanzó durante la actual gestión.

También habrá cambios en la Ley de Sociedades

Durante la misma jornada, la comisión de Legislación General continuó con el debate de una nueva Ley de Sociedades impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, adelantó que el oficialismo y sus aliados analizan modificar el texto para reforzar la responsabilidad vinculada con las sociedades automatizadas.

La propuesta apunta a que existan responsables físicos vinculados con la administración y control de sistemas automatizados.

Bullrich sostuvo que incorporar al menos una persona jurídica con idoneidad suficiente al órgano de administración permitiría brindar mayor seguridad jurídica.

El proyecto, por lo tanto, también tendrá modificaciones antes de continuar su recorrido legislativo, mientras el oficialismo busca avanzar con una agenda que incluye tanto el Súper RIGI como la reforma del régimen societario.