El ex jefe de Gabinete solicitó 15 días adicionales para responder las observaciones del fiscal Gerardo Pollicita y pidió acceder a pruebas que todavía no pudo revisar. La investigación detectó 20 inconsistencias sobre sus bienes e ingresos.
La defensa pidió más tiempo
El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni solicitó a la Justicia una prórroga de 15 días para responder al requerimiento de justificación patrimonial presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
El plazo original vence este miércoles. La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo y argumentó que necesita acceder a archivos y conversaciones mencionados por el fiscal en su requerimiento.
Esta instancia representa la primera oportunidad para que el ex funcionario explique el origen de su patrimonio y responda las observaciones realizadas durante la investigación.
Si las explicaciones no resultan satisfactorias, el fiscal podría avanzar con un pedido para que Adorni sea citado a declaración indagatoria.
Las 20 inconsistencias detectadas
El requerimiento de Pollicita fue firmado el 10 de agosto y consta de 207 páginas, en las que el fiscal planteó una veintena de interrogantes sobre los bienes y movimientos patrimoniales de Adorni.
La investigación comprende el período entre el 14 de diciembre de 2023, cuando ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, cuando presentó su renuncia.
Según el dictamen fiscal, Adorni y su esposa registraron ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes. En el mismo período, los gastos en moneda nacional habrían alcanzado los $272.820.832,20, incluyendo expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros, electrodomésticos y tarjetas de crédito.
La diferencia entre ambos montos genera un saldo de $43.068.549 que la fiscalía considera pendiente de explicación.
Los gastos en dólares y las propiedades
Pollicita también detectó gastos en moneda extranjera por USD 402.578,12. Según el requerimiento, esos fondos habrían sido destinados a la adquisición y remodelación del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento ubicado en Miró 550, el mobiliario de ambas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Entre los puntos que Adorni deberá explicar se encuentra el origen de los dólares en efectivo declarados como “venta de activos”. La fiscalía solicitó que detalle qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores y qué documentación respalda esas operaciones.
Ese punto se relaciona con una explicación pública del ex funcionario, quien había señalado que durante aproximadamente una década tuvo medio millón de dólares en criptomonedas que no había declarado ni utilizado hasta su llegada al poder.
También deberá acreditar la existencia de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, explicar el origen del dinero utilizado para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las que el lote del country Indio Cuá figura únicamente a nombre de su esposa.
En relación con esa propiedad, la fiscalía pidió justificar USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.

La investigación sobre las criptomonedas
Otro de los puntos del requerimiento está relacionado con la operatoria con criptoactivos.
La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual validada con la identidad de Adorni que, según la investigación, no fueron declarados ante la Oficina Anticorrupción. También encontró inconsistencias en las declaraciones rectificativas correspondientes al ejercicio 2023.
A esto se suman pedidos de explicación sobre el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales registradas en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina.
Qué deberá resolver la Justicia
Una vez que Adorni presente su justificación patrimonial, el juez Ariel Lijo deberá evaluar las explicaciones y determinar si resultan suficientes.
Si considera que las inconsistencias no fueron aclaradas, la investigación podría avanzar hacia una citación a indagatoria.
