El PRO presentó en el Congreso una iniciativa para establecer el bloqueo obligatorio de señales de telefonía móvil en todas las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal. El proyecto fue impulsado por el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y acompañado por otros integrantes de la bancada.
La propuesta contempla la instalación de equipos de inhibición, bloqueo y detección de señales de telefonía móvil y transmisión de datos en unidades penitenciarias, complejos federales, alcaidías y colonias penales.
El objetivo es impedir que las personas privadas de la libertad utilicen celulares u otros dispositivos para planificar, coordinar o ejecutar delitos desde el interior de los establecimientos.
Un plazo de 180 días para instalar los equipos
El proyecto establece que el Estado nacional deberá completar la instalación de los sistemas en un plazo máximo de 180 días corridos desde la reglamentación de la ley.
La implementación deberá priorizar las unidades de máxima seguridad y aquellas en las que existan antecedentes de actividades delictivas organizadas mediante dispositivos móviles.
La iniciativa también contempla la utilización de tecnología de detección para identificar teléfonos en funcionamiento dentro de los establecimientos penitenciarios.
El Ministerio de Seguridad coordinará la implementación
El texto designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación y establece que deberá coordinar con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los aspectos técnicos necesarios para poner en funcionamiento los sistemas.
Uno de los principales desafíos será garantizar que los bloqueos se concentren dentro de los establecimientos y no afecten las comunicaciones en las zonas cercanas.
Por ese motivo, la propuesta establece que deberán preservarse las señales fuera del perímetro penitenciario y mantenerse operativos los sistemas de comunicación institucional y de emergencia.
Qué pasará con las comunicaciones de los detenidos
La iniciativa busca impedir el uso de teléfonos celulares particulares dentro de las cárceles, pero contempla que las personas detenidas puedan mantener contacto con familiares, allegados y abogados mediante canales institucionales o dispositivos autorizados por el Servicio Penitenciario Federal.
También incorpora disposiciones para proteger las comunicaciones con los defensores, con el objetivo de resguardar el derecho de defensa.
El proyecto, además, establece sanciones para el personal penitenciario o de seguridad que facilite, permita o encubra el ingreso o la utilización de dispositivos prohibidos.
Los delitos que busca prevenir la iniciativa
Entre los fundamentos, los autores sostienen que desde establecimientos penitenciarios se organizan extorsiones telefónicas, secuestros virtuales, amenazas, maniobras vinculadas al narcotráfico y otras actividades de organizaciones criminales.
Para respaldar la propuesta, también mencionan experiencias de otros países, entre ellos Reino Unido, El Salvador, Ecuador, Chile y Colombia, donde se implementaron mecanismos tecnológicos para restringir las comunicaciones móviles dentro de las cárceles.
Informes semestrales y control parlamentario
El proyecto establece que el Ministerio de Seguridad deberá presentar informes semestrales ante el Congreso sobre el avance de la implementación, los dispositivos detectados e incautados, los resultados obtenidos y las posibles afectaciones a terceros ajenos a los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa también invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas similares en sus respectivos sistemas carcelarios.
La propuesta fue presentada por Ritondo junto con los diputados del PRO Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Emmanuel Bianchetti.
El proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
