La Justicia ordenó a la Municipalidad de Pinamar admitir la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante de Alejandro Marcos Cellilli, un trabajador domiciliado en Dolores que desarrolla su actividad en las playas del distrito desde hace más de 14 años.
La resolución fue dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 Departamental de Dolores, que hizo lugar a una medida cautelar presentada contra el municipio. El fallo establece que la Comuna debe recibir y dar curso al trámite para la temporada 2026/2027 sin aplicar el requisito de residencia local incorporado por la Ordenanza N° 7336/2026.
La causa, caratulada “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/Amparo”, lleva las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro.
Un trámite iniciado antes del cambio de normativa
Cellilli cuenta con permisos para la venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de 14 años. Su actividad comprende los rubros de pareos, pañuelos y túnicas, además de bijouterie.
Al comenzar las gestiones para renovar la habilitación de la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones identificó expresamente el procedimiento como una renovación y constató el cumplimiento de los requisitos vigentes.
El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda municipal le comunicó que la solicitud se encontraba en proceso de resolución y le solicitó el pago del canon correspondiente. El trabajador abonó $1.330.473,60, mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, que incluía la tasa de venta ambulante no alimenticia y las tasas de Salud y Seguridad.
El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como permisionario notificado.
Sin embargo, el conflicto surgió el 14 de agosto de 2026, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026. La nueva normativa estableció como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones contar con residencia efectiva y continua en el Partido.
Cuando Cellilli intentó continuar con el procedimiento, el municipio le negó el certificado de libre deuda y la posibilidad de avanzar con el trámite debido a que no tenía domicilio en Pinamar o General Madariaga.
La doctrina de los actos propios y la buena fe
Uno de los puntos centrales considerados por los magistrados fue que la solicitud ya había sido iniciada y que la propia Administración Municipal había requerido y cobrado el canon correspondiente, con conocimiento de que el trabajador residía en Dolores.
El fallo recurrió a la denominada doctrina de los actos propios, un principio jurídico basado en la buena fe que impide a una persona o institución adoptar una conducta contradictoria con sus actuaciones anteriores.
En ese sentido, los jueces consideraron que el municipio no podía rechazar la renovación por una exigencia incorporada posteriormente, después de haber dado curso al pedido y recibido el pago correspondiente.
La resolución también señaló que las facultades discrecionales de la Administración deben estar sometidas al control judicial, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias que puedan afectar derechos adquiridos o expectativas legítimas.
El carácter estacional de la actividad
Otro argumento determinante fue la naturaleza temporal de la venta ambulante en las playas. Los magistrados advirtieron que, debido a la proximidad de la temporada de verano, una sentencia definitiva dictada una vez finalizado ese período podría resultar ineficaz para proteger el sustento económico del trabajador.
Para fundamentar la medida, el Tribunal mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Camacho Acosta, vinculada con la adopción de medidas urgentes para evitar perjuicios de difícil o imposible reparación.
También hizo referencia a garantías constitucionales relacionadas con el derecho a trabajar y comerciar, contempladas en el artículo 14 de la Constitución Nacional, en disposiciones de la Constitución bonaerense y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los jueces aclararon que la decisión no elimina las facultades municipales para ordenar y fiscalizar el uso del espacio público ni reconoce un derecho absoluto a ejercer la actividad, sino que busca equilibrar las atribuciones del Estado local con los derechos del trabajador.
Qué deberá hacer el municipio
La parte resolutiva estableció que la Municipalidad de Pinamar deberá recibir, admitir y dar curso a la solicitud de renovación del permiso para la temporada 2026/2027 en un plazo de 24 horas desde la notificación, sin exigir el requisito de residencia previsto en la nueva ordenanza.
Además, dispuso preservar los espacios correspondientes a los rubros de pareos, pañuelos, túnicas y bijouterie que utiliza Cellilli. Por lo tanto, no podrán ser declarados vacantes ni asignados a terceros mientras se mantenga el litigio.
El fallo también incluyó un apercibimiento para el caso de incumplimiento: el funcionario responsable podría responder personalmente y las actuaciones podrían remitirse a la Justicia Penal ante una eventual desobediencia, conforme al artículo 239 del Código Penal.
La habilitación provisoria, no obstante, estará condicionada al cumplimiento de los demás requisitos reglamentarios y a los controles de inspección habituales para la actividad.
La medida cautelar fue concedida bajo caución juratoria y busca garantizar que el vendedor pueda continuar con el trámite de renovación mientras se resuelve el conflicto judicial.
