Una organización que operaba desde el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de San Salvador de Jujuy habría montado una compleja maniobra de estafa que terminó provocando pérdidas estimadas entre 9 y 10 millones de pesos a una pareja.
La víctima, identificada con el nombre ficticio de Daniel para preservar su identidad, recibió en octubre de 2024 una comunicación en la que le informaron que había sido seleccionado para recibir un supuesto premio de telefonía satelital 4G. Sin embargo, para acceder al beneficio debía afrontar distintos gastos administrativos.
Con el paso de las semanas aparecieron nuevos interlocutores que reforzaron el engaño. Algunos se presentaban como directivos de una empresa, otros como abogados y uno de ellos llegó a identificarse como Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las exigencias económicas cambiaban constantemente y nunca se establecía un monto definitivo. «Seguimos al corriente de ello creyéndole de que ese premio era verdad», declaró Daniel ante la Justicia.
Una estafa que se extendió durante casi un año
A medida que avanzaba el supuesto trámite, los delincuentes solicitaban nuevas transferencias bajo diferentes conceptos. Una de las comunicaciones incorporadas a la investigación muestra a un hombre que se identificaba como el doctor Horacio Rosatti y le indicaba a la víctima dónde debía depositar el dinero.
Los investigadores detectaron transferencias a cuentas vinculadas con personas cercanas a los acusados. Entre ellas, una operación de $49.900 realizada el 25 de noviembre de 2024 a una cuenta de Naranja Digital a nombre de Rita Elizabeth Ayllón.
También se registraron otros tres envíos por $250.000, $200.000 y $118.700, que sumaron $618.600 y llegaron a cuentas vinculadas con Marilina Paola Arjona, pareja de otro de los imputados.
Cuando los ahorros comenzaron a agotarse, la pareja buscó otras alternativas para cumplir con los pedidos. La mujer solicitó un crédito bancario, ambos vendieron teléfonos celulares y llegaron a enviar tres electrodomésticos por encomienda, valuados en aproximadamente $1,8 millones cada uno.
«Nosotros somos personas de bajos recursos», manifestó Daniel al explicar las dificultades económicas que atravesaron durante el engaño.
La situación se prolongó hasta fines de agosto de 2025, cuando dejaron de realizar pagos porque ya no podían afrontar las exigencias.
Los celulares ocultos dentro de la cárcel
Uno de los elementos fundamentales para reconstruir la maniobra fue un teléfono Samsung Galaxy A01 encontrado el 3 de diciembre de 2024 dentro de un colchón de una celda del establecimiento penitenciario.
En el dispositivo se encontraron audios dirigidos a la víctima, comprobantes de transferencias, fotografías de su documento y registros de las líneas telefónicas que utilizaba junto con su pareja.
En una de las grabaciones, fechada el 19 de noviembre de 2024, el usuario del teléfono le comentó a su pareja que se había levantado «para tirar números, para ver si choreo algo», mientras permanecía detenido.
Según la investigación, los integrantes de la organización utilizaban distintos celulares y tarjetas SIM, que intercambiaban y ocultaban para evitar los controles penitenciarios.
Incluso después de los allanamientos de diciembre de 2024, las comunicaciones continuaron. Los registros telefónicos detectaron nuevas llamadas realizadas en enero de 2025 desde una línea registrada a nombre de Sebastián Ariel López.
La investigación también descubrió que a nombre de Daniel se habían registrado 11 números telefónicos utilizados en dispositivos vinculados con la organización. Desde uno de ellos se realizó una llamada a la Guardia de Prevención de Gendarmería Nacional, en la que el interlocutor volvió a hacerse pasar por Horacio Rosatti para solicitar información sobre personas detenidas y sus familiares.
Cuatro presos fueron acusados y podrían ir a juicio
La investigación quedó a cargo del fiscal federal Franco Picardi, quien solicitó la elevación a juicio oral de cuatro internos identificados como Cristian Mariano Ariel Acho, Ramón Atilio Ríos, Sebastián Ariel López y Walter Rodrigo Vargas.
Los acusados están señalados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas, extorsiones y usurpación de autoridad mediante la suplantación de identidades judiciales.
De acuerdo con la acusación, cada integrante cumplía funciones específicas: algunos realizaban los llamados y organizaban los engaños, mientras que otros se encargaban de resguardar los teléfonos y gestionar los movimientos de dinero.
Además, el fiscal solicitó investigar la posible participación de tres mujeres, cuyas cuentas bancarias habrían sido utilizadas para recibir o canalizar parte de los fondos obtenidos mediante las maniobras.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado el 4 de noviembre y busca que los cuatro acusados respondan ante un tribunal por los delitos investigados.
La causa expone una modalidad de estafa que permitió a los delincuentes operar desde el interior de una cárcel, utilizando identidades falsas, teléfonos celulares y cuentas de terceros para engañar a sus víctimas y obtener importantes sumas de dinero.
