El Gobierno nacional comenzó a observar con atención el impacto político que podría generar la visita del papa León XIV a la Argentina. En la Casa Rosada consideran que la movilización de millones de personas y el contenido social de sus discursos podrían fortalecer el posicionamiento de la Iglesia como institución y abrir un nuevo escenario de reclamos frente a la administración de Javier Milei.
Durante su paso por el país, el pontífice dejó mensajes vinculados con la economía al servicio de las personas, el humanismo y la sensibilidad social. En el oficialismo reconocen que todavía es temprano para determinar si estas expresiones modificarán las preferencias del electorado, aunque algunos funcionarios consideran que la Iglesia podría ocupar un espacio de representación social que el peronismo kirchnerista no consiguió consolidar.
Uno de los aspectos que más llamó la atención dentro del Gobierno fue la capacidad de convocatoria de la institución religiosa, que movilizó a ocho millones de personas en todo el país.
Además, comenzaron a aparecer diferencias entre la administración libertaria y referentes eclesiásticos. Entre ellas, las declaraciones del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, quien cuestionó los indicadores oficiales de pobreza al afirmar: «Dicen que sacaron a millones de la pobreza, pero los pusieron en la miseria».
La economía y la Iglesia, dos frentes de preocupación
En el Gobierno reconocen que todavía existen dificultades para llevar la inflación mensual al 1%. El índice de octubre se ubicó en 2,2%, aunque la inflación núcleo fue del 1,5%.
También genera preocupación la situación del empleo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 desaparecieron 32.429 empresas, de las cuales 10.234 cerraron durante el año en curso.
A este escenario se suma la posibilidad de que la Iglesia profundice sus reclamos sociales durante 2027. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, podría volver a plantear estas preocupaciones frente al Presidente durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo.
Mientras tanto, el peronismo buscaría incorporar parte de esas demandas a su discurso electoral, aunque dentro del oficialismo consideran que todavía conserva una menor legitimidad social para representar esos reclamos.
Milei exigió aprobar el Presupuesto y la Reforma Política
En paralelo, el Presidente transmitió una instrucción contundente a sus funcionarios: el Presupuesto 2027 y la Reforma Política deben avanzar antes de finalizar el año.
La directiva fue comunicada durante una reunión de Gabinete realizada dos semanas atrás. Según integrantes de la Mesa Política del oficialismo, Milei dejó en claro que no aceptará demoras en las negociaciones parlamentarias.
«Saben que tienen la obligación de avanzar. Es un ultimátum», señaló una fuente del espacio.
El Gobierno busca acelerar la aprobación del Presupuesto 2027 y ya aceptó distintos pedidos de sus aliados del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal.
Entre los compromisos asumidos aparecen fondos para prestaciones vinculadas con discapacidad, mayores recursos para las universidades, obras provinciales y la continuidad hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista solicitados por el PRO.
El cronograma parlamentario contempla el dictamen en la Comisión de Presupuesto para el martes 17 de noviembre, la votación en Diputados el miércoles 25 y el tratamiento en el Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
La aprobación resulta especialmente importante para el Ejecutivo, que considera al Presupuesto una herramienta fundamental para rendir cuentas ante el Fondo Monetario Internacional.
La estrategia electoral y los acuerdos con gobernadores
La Casa Rosada también busca avanzar con la Reforma Política para modificar las reglas electorales y fortalecer los acuerdos con gobernadores y partidos aliados.
Según las negociaciones que mantiene La Libertad Avanza, el oficialismo pretende reunir 37 votos para avanzar con el proyecto en el Senado. Para conseguirlo, trabaja en acuerdos con el PRO, sectores radicales y fuerzas provinciales.
Las conversaciones incluyen la posibilidad de presentar listas conjuntas en las elecciones legislativas y definir qué espacios ocuparán las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados.
En algunas provincias, incluso, el oficialismo habría decidido no competir por las gobernaciones para facilitar acuerdos con los mandatarios locales.
Entre los casos mencionados aparecen la neuquina Nadia Márquez y el ministro de Defensa, Luis Petri, aunque las definiciones todavía forman parte de las negociaciones internas.
Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada.
Las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich
Otro de los puntos sensibles dentro del oficialismo es la relación entre Karina Milei y Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad deberá intervenir en decisiones vinculadas con las postulaciones al Consejo de la Magistratura, mientras que desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia observan su posicionamiento frente a la Reforma Política.
Bullrich habría manifestado su disposición a acompañar la iniciativa, aunque las diferencias políticas de las últimas semanas mantienen la atención sobre el vínculo entre ambas dirigentes.
Por ahora, Milei continúa considerando a Bullrich como una de las figuras que mejor complementan su proyecto político y no descarta que pueda acompañarlo en una eventual fórmula presidencial.
Sin embargo, el Presidente también tendría una propuesta para ella de cara a 2031: permitir que los distintos sectores de la centroderecha compitan en internas dentro del oficialismo durante 2029, en caso de conseguir la reelección.
La idea es que la sucesión presidencial se defina mediante una competencia interna entre los dirigentes del espacio.
El Gobierno enfrenta así varios desafíos simultáneos: sostener el programa económico, conseguir respaldo parlamentario para sus reformas, consolidar acuerdos con los gobernadores y administrar las diferencias dentro de su propia estructura política.
