Una investigación encabezada por el fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, permitió desarticular una presunta red de explotación sexual y económica que operaba en Pinamar y La Plata.

La organización, denominada “La Agencia”, era señalada como manejada por Luana Meza Romero (40) y su hija Julieta Santillán (21). Según la investigación, Santillán se encargaba de reclutar mujeres y conseguir clientes, mientras que Meza Romero administraba los perfiles de las jóvenes en el sitio pornográfico “Gemidos TV”.

La causa contó con la participación de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, y la DDI La Plata. Los testimonios de dos mujeres que lograron escapar fueron fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la organización.

El reclutamiento y el control del dinero

De acuerdo con las declaraciones incorporadas a la investigación, las víctimas conocieron a Santillán mientras ejercían la prostitución. La joven se ganaba su confianza y posteriormente les ofrecía trabajar con ella.

Al principio, según los testimonios, las condiciones eran diferentes. Las mujeres trabajaban en distintos departamentos de Pinamar y Santillán se encargaba de conseguir clientes.

Mientras tanto, Meza Romero administraba los perfiles publicados en “Gemidos TV”, donde las jóvenes aparecían bajo los pseudónimos “Loli” y “Lolita”.

Los pagos también estaban bajo el control de las acusadas. Los clientes abonaban en efectivo, en algunos casos en dólares, o mediante transferencias que eran recibidas directamente por Meza Romero. Según fuentes cercanas al expediente, la mujer utilizaba incluso la billetera virtual de su madre fallecida para realizar operaciones.

Con el paso del tiempo, las condiciones habrían cambiado. Una de las víctimas declaró: “Julieta empezó a tratarme mal y a quedarse con la totalidad del dinero de mi trabajo”. Según su relato, Santillán justificaba la retención del dinero en supuestos gastos de mantenimiento de “La Agencia” y de la página de internet.

Otra joven aseguró que inicialmente Meza Romero buscaba generar confianza con las mujeres, pero luego comenzaba a exigirles dinero. Según su testimonio, les impusieron una cuota de $60.000 por el lugar donde estaban alojadas, mientras que otra víctima afirmó que le reclamaban $1.500.000.

Amenazas, golpes y retención de documentos

Según los testimonios, para impedir que las mujeres abandonaran la organización, las acusadas les retenían los DNI y los teléfonos celulares.

También les advertían que no podían regresar a sus hogares bajo la amenaza de que “una vez que entras, no podes salir”.

Las víctimas señalaron además que madre e hija las golpeaban y amenazaban, mientras que otros hombres eran utilizados para intimidarlas. Entre las amenazas mencionadas durante la investigación se encontraban advertencias contra sus familias si acudían a la Policía o contaban lo que ocurría.

Una de las mujeres relató que logró escapar el año pasado y realizó una denuncia después de que Meza Romero presuntamente rompiera los vidrios de su vivienda. Posteriormente se mudó con su pareja por temor.

Tiempo después, la mujer volvió a ser contactada por Meza Romero, quien le habría ofrecido regresar bajo la promesa de que las condiciones cambiarían. La joven aceptó y posteriormente declaró ante la Justicia: “Fue la peor decisión que tomé en mi vida”.

Traslados entre Pinamar y La Plata

Según las declaraciones, cuando alguna de las jóvenes manifestaba su intención de regresar a su casa, era trasladada de Pinamar a La Plata bajo la promesa de que allí podría conseguir “plata fácil”.

En los departamentos de La Plata, las mujeres habrían sido obligadas a trabajar para saldar supuestas deudas, además de permanecer encerradas y sufrir maltratos constantes.

Aunque las víctimas no tenían contacto entre sí, ambas declararon conocer la existencia de otras mujeres que también habrían sido afectadas por la organización.

Cómo descubrieron la red

La investigación tomó un nuevo impulso el 5 de agosto, cuando una joven de 20 años se presentó en la DDI La Plata acompañada por Santillán. La familia había realizado una denuncia por averiguación de paradero debido a que no tenía noticias de ella.

Uno de los efectivos advirtió que la joven podía encontrarse retenida contra su voluntad y decidió separarla de Santillán. Durante una entrevista virtual con el fiscal Mercuri, la mujer contó que estaba siendo amenazada y obligada a trabajar para la organización.

“Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”, declaró.

A partir de ese testimonio, Mercuri dispuso la detención de Santillán, quien había acompañado a la joven hasta la dependencia policial.

Ese mismo día, Meza Romero envió a otra mujer a la DDI para averiguar qué había ocurrido con su hija. La joven inicialmente manifestó que trabajaba en un local de ropa y preguntó por Santillán, pero durante la entrevista con los investigadores reveló que también sería víctima de la organización.

“Yo tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas, les tengo miedo”, expresó ante el fiscal.

Allanamientos y detenciones

Thomas Isaías Romero, Luana Meza Romero, Julieta Santillán y Camila Muñoz quedaron detenidos.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos: uno en un edificio de la avenida Libertador, en Pinamar, y otro en la calle 63, entre 7 y 8, en La Plata.

Los procedimientos terminaron con las detenciones de Luana Meza Romero (40), Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25), además de la detención previa de Santillán.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, profilácticos, $3.397.500 en efectivo, USD 1.100, documentación perteneciente a las víctimas y otros elementos considerados de interés para la investigación.

En el domicilio de La Plata también fue resguardada una niña de 9 años, hija de una de las personas aprehendidas. Por este motivo, intervino el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa pasará a la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para determinar si existen otros integrantes de la organización y localizar a posibles nuevas víctimas.