Alrededor de 50 sindicatos preparan una presentación conjunta ante la Justicia para reclamar la liberación de unos 688.000 millones de pesos que, según denuncian, el Gobierno mantiene retenidos y corresponden al financiamiento de las obras sociales.
La iniciativa es impulsada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo y cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri. El escrito incluirá una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El reclamo se produce en medio de una creciente preocupación sindical por la situación financiera de las obras sociales, que enfrentan dificultades para afrontar los costos de medicamentos y prestaciones médicas.
De dónde surgen los $688.000 millones reclamados
El monto que los sindicatos buscan recuperar está compuesto por dos partidas diferentes.
La primera corresponde a unos 288.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se encuentran depositados en un plazo fijo en el Banco Nación. Ese fondo financia reintegros a las obras sociales por determinadas prestaciones.
El origen de esos recursos se remonta a 2023, cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, incorporó una partida adicional de casi 148.000 millones de pesos al Presupuesto Nacional. El dinero estaba destinado a financiar prestaciones críticas, entre ellas las vinculadas con discapacidad. Según el planteo sindical, una parte fue restituida y el monto restante aumentó por los intereses generados.
La segunda partida comprende aproximadamente 400.000 millones de pesos del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, vinculados con un acuerdo de pago alcanzado con OSDE.
El antecedente del acuerdo con OSDE
El origen de los otros 400.000 millones se encuentra en una controversia iniciada en enero de 2017, cuando Swiss Medical denunció a OSDE por no haber ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios.
El caso derivó también en una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES).
En septiembre de ese año se alcanzó un acuerdo por el cual se aceptó una propuesta de pago de OSDE cercana a los 8.000 millones de pesos. Inicialmente, esos recursos fueron destinados al fideicomiso de la Cobertura Universal de Salud.
Posteriormente, en 2019, mediante el decreto 251, los fondos disponibles fueron trasladados al Fondo de Emergencia y Asistencia para financiar el auxilio a las obras sociales.
Ahora, los sindicatos reclaman que ese dinero sea liberado y vuelva a estar disponible para el sistema de salud.
También reclaman actualizar los valores de los medicamentos
La presentación judicial incluirá otro pedido dirigido al Gobierno: actualizar el valor del nomenclador utilizado para reconocer los gastos en medicamentos.
Según el planteo sindical, esos valores permanecen congelados desde hace aproximadamente tres años. Como consecuencia, las obras sociales estarían recuperando apenas un 10% de lo que efectivamente pagan por esos productos.
La situación financiera del sector se agravó por la caída del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de los costos médicos, factores que presionan sobre los recursos disponibles para garantizar las prestaciones.
La discapacidad absorbe gran parte de los recursos
Uno de los principales puntos de preocupación de los gremios es el destino de los fondos del Fondo Solidario de Redistribución.
Según estimaciones de fuentes de la CGT, alrededor del 90% de los recursos del fondo se destina actualmente a financiar prestaciones por discapacidad, con un gasto mensual cercano a los 160.000 millones de pesos.
Ese nivel de demanda deja un margen reducido para reintegrar a las obras sociales los gastos de tratamientos de alta complejidad y medicamentos de alto costo.
El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y asesor de la CGT, describió el escenario como una situación de fuerte presión financiera. Advirtió que la caída de los ingresos salariales y el aumento del gasto médico obligan a las obras sociales a cubrir costos cada vez más elevados, mientras que las prestaciones que no pueden afrontar terminan judicializándose.
La CGT organizó tres reuniones con el Gobierno por la crisis de las obras sociales, sin resultado positivo.
Barrionuevo marca diferencias con la conducción de la CGT
La decisión de avanzar por la vía judicial también expone diferencias dentro del sindicalismo. Mientras Barrionuevo impulsa una presentación propia, la conducción de la CGT mantiene conversaciones con el Gobierno para intentar encontrar una salida a la crisis de las obras sociales.
La central obrera mantuvo tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA. Sin embargo, desde el sector sindical sostienen que esos encuentros no consiguieron respuestas concretas a sus propuestas.
Barrionuevo cuestiona la falta de medidas y rechaza la posibilidad de realizar un paro parcial de dos o cuatro horas. En cambio, impulsa una huelga general de 36 horas con movilización para expresar el rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei.
Además, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) anunció un paro nacional y una movilización frente al Ministerio de Capital Humano para el 16 de noviembre. Entre sus reclamos figuran la certificación de autoridades tras las elecciones sindicales de diciembre pasado y la homologación del último aumento salarial.
La presentación de los 50 sindicatos abrirá un nuevo frente judicial entre el Gobierno y un sector del sindicalismo, en medio de las dificultades financieras que atraviesan las obras sociales y las diferencias sobre cómo deben utilizarse los recursos destinados al sistema de salud.
